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En España hay miles de pueblos condenados al limbo, no porque les falte historia, ni paisaje, ni ganas de seguir vivos. Les falta algo más básico: un plan. Literalmente. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el 17% de los municipios españoles no cuenta con ningún instrumento de planeamiento urbanístico, y otro 14,7% se apaña con un PDSU (Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano), una figura legal nacida en los años 70 que sigue funcionando como si el tiempo no pasara. Lo explica con detalle Eduardo De-Santiago-Rodríguez en su análisis publicado en la revista Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (n.º 217, 2023): 2.578 municipios, un tercio del país, vive en un limbo legal y técnico.

Un agujero negro donde lo urbano, lo rural y lo posible se diluyen.

¿Y qué pasa cuando no hay plan? Pues que todo está permitido y todo está prohibido. Puedes encontrarte con un vecino que reforma su casa como si estuviéramos en el siglo XIX, mientras otro no puede ni instalar una chimenea porque el técnico de urbanismo pasa por allí cada tres años. No hay reglas, solo normas confusas, obsoletas o ausentes. Y sin reglas claras, el desarrollo se convierte en una ruleta rusa: lo que hoy vale, mañana se impugna; lo que ayer se aprobó, hoy se anula por una sentencia judicial.

La situación es especialmente sangrante en la mal llamada “España vaciada” —una etiqueta bonita para un drama feo—. Municipios de menos de 2.000 habitantes, que suponen el 71,4% del total de municipios y ocupan más del 54% del territorio nacional, están huérfanos de planificación. En Castilla y León, por ejemplo, el 35,1% de los municipios no tiene plan alguno, y otro 20,5% funciona con un PDSU; en Aragón, las cifras son similares: 25% sin plan y 26,1% con PDSU; en Castilla-La Mancha, incluso peores: 30,8% sin planeamiento y 25,1% con PDSU.

En Extremadura. Tierra de dehesas, arquitectura noble, y patrimonio que no cabe en una guía de turismo rural. Pues bien: el 27,6% de sus municipios no dispone de planificación adecuada. En la provincia de Cáceres, un 33,6% de los pueblos aún se rige por un PDSU, y otro 1,8% ni eso. En Badajoz, un 17% sigue usando exclusivamente un PDSU.

Y ojo: si el municipio tiene un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la cosa se complica todavía más. Porque entonces se exige un nivel de protección mayor, pero sin los instrumentos ni los medios técnicos para gestionarlo. Lo que debería ser un valor añadido se convierte en una trampa legal que impide rehabilitar, innovar o simplemente habitar con dignidad.

Esta ausencia de urbanismo no es neutra. Abre la puerta a todo tipo de despropósitos: macrogranjas colocadas a escasos metros del casco urbano, instalaciones fotovoltaicas que brotan como hongos sin criterio paisajístico, rehabilitaciones imposibles por falta de ordenanzas. Mientras tanto, las casas tradicionales se deshacen como terrones de azúcar porque nadie incentiva ni regula su conservación. Y no hablamos solo de estética: hablamos de identidad, eficiencia energética y lógica territorial.

El urbanismo, aunque suene técnico y aburrido, es el marco que permite imaginar futuro. Sin él, cualquier intento de dinamizar un pueblo se estrella contra una pared invisible. No puedes atraer empresas, ni fomentar el turismo rural, ni siquiera impulsar vivienda asequible. ¿Dónde se construye? ¿Con qué criterios? ¿A quién se le pide permiso? Sin plan, no hay respuesta. Solo silencio administrativo y despoblación.

Es urgente dejar de ver el planeamiento como un lujo metropolitano. El campo también necesita mapas, reglas y futuro. No se puede revitalizar lo que no se puede ordenar. No se puede proteger lo que ni siquiera está dibujado. Y no se puede pedir a los jóvenes que vuelvan a los pueblos si lo único que les espera es un terreno sin ley y un urbanismo de espaldas al siglo XXI.

Para revertir esta situación, es fundamental adoptar una batería de medidas realistas y efectivas. Entre las propuestas más urgentes se encuentra la necesidad de adaptar los instrumentos de planeamiento a la escala rural, mediante modelos simplificados y flexibles que respondan a su realidad demográfica y territorial. También es prioritario impulsar una revisión generalizada de los PDSUs y las Normas Subsidiarias (NNSS) antiguas que siguen condicionando el crecimiento de muchos pueblos. Además, los municipios necesitan asistencia técnica continuada, especialmente aquellos con menos recursos, y se debe garantizar que en los entornos protegidos como los Bienes de Interés Cultural (BIC) se integren criterios patrimoniales y sostenibles que permitan compatibilizar la protección con la habitabilidad y el desarrollo local.

El problema no es la falta de ideas. Es la falta de voluntad. Los pueblos no se mueren: los están dejando morir por inacción y papeles caducados. Y esto, aunque no salga en los telediarios, es una emergencia territorial.